El ICP ocasiona pérdidas millonarias a los artistas plásticos ante violación de ley


Por Edwin Velázquez Collazo
Editor y fundador de Puerto Rico Art News
velazquezarte@gmail.com 

Debido a una negligencia llevada por años en el cumplimiento de la Ley 13-2003 Registro de Artistas Visuales y Escultores Bona Fide de Puerto Rico, por parte de la máxima agencia cultural del país, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la misma le ha ocasionado pérdidas económicas a nuestros artistas plásticos y en especial a los escultores puertorriqueños por los pasados 16 años.


La  Ley 13-2003 (enmendada bajo la  Ley Núm. 19 de 25 de febrero de 2015) y conocida desde entonces como la “Ley de Registro de Artistas Plásticos y Escultores Bona Fide” le ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueña establecer y mantener actualizado un Registro de Artistas Visuales y Escultores Bona Fide de Puerto Rico. El mismo debe ser utilizado como referencia por municipios y agencias del gobierno en la comisión de arte público  o compra de objetos de arte, ya que por ser fondos públicos las convocatorias deben ser abiertas a la participación de todos los artistas bonafide, con el fin de establecer procesos de selección rigurosos y transparentes.


Ahora les explico, recientemente salió a relucir lo que se ha llamado como El Imperio de la Escultura en donde según el Registro de Contratos de la Oficina de Contralor de Puerto Rico) en más de 11 años la empresa Julissa Casting ha facturado la suma de sobre $15,464,915.06  mayormente para justificar proyectos de realización de monumentos, placas conmemorativas, estatuas, bustos y esculturas de bronce para más de 21 municipios y agencias del gobierno. Que los hemos visto florecer en avenidas, rotondas, parques y plazas  para conmemorar eventos, hombres ilustres o cualquier tema relacionado con la sociedad puertorriqueña, desde soldados o veteranos, escenas costumbristas, niños, deportistas, personajes de pueblo llenando quizás cada rincón de Puerto Rico con adefesios escultóricos producto del mal gusto y poca educación artística de los alcaldes de muchos municipios.


La Ley de Municipios Autónomos específica que se debe considerar a los artistas puertorriqueños en primera opción al momento de efectuar una compra o adquisición de artículos u obras de arte. La misma también especifica que si dichos objetos artísticos no sobrepasan  la cantidad de $10,000 dólares no es necesario hacer subasta pública (Ver.Artículo 10.002 Compras Excluidas de Subasta Pública inciso L. Pagina #173) Pero si sobrepasa dicha cantidad debe ejecutarse a través de una subasta pública.


Lamentablemente según casos e informes de la Controladora de Puerto Rico en los pasados años señalan que cientos de obras adquiridas a la empresa Julissa Casting en esos municipios se hicieron sin el debido proceso de la celebración de subasta pública como así lo estipula la Ley de Municipios Autónomos. En muchos de los informes los alcaldes señalan que realizaron diferentes gestiones para conseguir los artistas que realizarán estas obras en la forma y manera que se les exigió, pero que no consiguieron otros artistas ya que no existe un registro de los mismos.


Estos alcaldes no sólo violaron la ley al contratar a una empresa como Julissa Casting  sin el debido proceso de subasta, que además subcontrata mayormente artistas y empresas extranjeras para realizar sus proyectos escultóricos. También se recostaron de la negligencia del Instituto de Cultura Puertorriqueña para cumplir con Ley 13-2003, conocida como la “Ley de Registro de Artistas Plásticos y Escultores Bona Fide”, y justificar el no buscar o seleccionar artistas y escultores puertorriqueños porque no sabían de su existencia o paradero. En otras palabras por no haber un directorio, registro o guía de quienes son estos artistas o escultores como profesionales de la cultura, pues contrataron a Julissa Casting.


Esta pequeña dejadez, falta de fondos, negligencia o poco interés de parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña para cumplir con su obligación de crear el Registro de Artistas Plásticos y Escultores Bona Fide permitió que una sola empresa privada  en casi una década le facturara al pueblo de Puerto Rico alrededor de 15 millones de dólares en la construcción de cientos de proyectos escultóricos que beneficiaron artistas o empresas extranjeras privando que un sinnúmero de artistas y escultores del país pudieran haber devengado un sustento económico por su creación artística en detrimento del arte puertorriqueño.


Recientemente el Instituto de Cultura Puertorriqueña promueve el desarrollo de Industrias Creativas como parte del desarrollo económico del país, pero qué podemos esperar si nuestra principal agencia de la cultura es quien viola la ley e imposibilita que nuestros propios creadores puedan desarrollar una economía creativa para su desarrollo económico.


Según la pagina web del ICP: “El 30 de junio de 1955 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó, por mayoría de votos, el proyecto de ley en virtud del cual se creaba el Instituto de Cultura Puertorriqueña, corporación pública dedicada al estudio, conservación, divulgación y enriquecimiento de nuestra cultura nacional.”


Me pregunto entonces si nuestros artistas plásticos también están incluidos en esa gesta, ya que gracias a su negligencia el país se ha llenado de monumentos, placas conmemorativas, estatuas, bustos y esculturas de bronce que no aportan nada a nuestra historia del arte.

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